¡Basta de violencia Médico-Gineco. Obstétrica y Neonatal sobre el cuerpo de las mujeres y personas con capacidad de gestar, parir y abortar y el recién nacido!
En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de Argentina por la violencia obstétrica y la muerte de Cristina Britez Arce, embarazada al momento de su muerte. Cristina murió en 1992. 33 años esperó su familia por una respuesta judicial que reconozca la violencia y obligue a reparar los daños. La sentencia –entre otros puntos- dispone la obligación del Estado de diseñar una campaña de capacitación y difusión orientada a visibilizar nuestros derechos ¡Las organizaciones tenemos que supervisar y ser parte activa en el efectivo cumplimiento del fallo! 

Somos sujetas de derechos, conquistamos la Ley 25.929 de "Derechos de padres e hijos durante el trabajo de parto" conocida como Ley de Parto humanizado, la Ley 27.610 de Acceso a la interrupción voluntaria del Embarazo y la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las Mujeres.  

Reclamamos al Estado y a sus funcionarios que sean garantes de los Derechos. Exigimos  el cumplimiento efectivo de las Leyes que nos amparan en todo el territorio nacional, tanto en instituciones públicas como privadas y de las obras sociales y prepagas.  

Exigimos carriles de denuncia efectivos y mecanismos de sanciones en el ámbito público y privado (nivel nacional, provincial, municipal según corresponda). 

Necesitamos que la continuidad de cuidados al recién nacido sea sobre y con el cuerpo materno. 

Esta lucha lleva una larga historia en nuestro país y somos nosotras las que la hacemos visible. 

La violencia  ejercida  durante el  parto y el nacimiento, así como en los abortos -voluntarios e involuntarios- deja huellas profundas, traumáticas que se perpetúan a lo largo de la vida y que al mismo tiempo, han sido las que nos han permitido vernos, escucharnos, reconocernos y unirnos para acompañarnos. 

Valientemente hemos tejido redes y construido organización para defender nuestros derechos y los de nuestras hijas e hijes. Estas luchas y construcciones lograron que la Ley de Parto Humanizado, promulgada en 2004 y reglamentada en Octubre del 2015, pusiera el foco sobre los derechos y las prácticas que deben ser modificadas para no seguir vulnerando los derechos de todas las personas gestantes.

Consideramos que este evento es el origen que determina las condiciones materiales, emocionales y psíquicas, que sustentan todas las violencias ejercidas sobre nuestros cuerpos y los de nuestras criaturas.  

La “Ley de Parto Humanizado” se encuentra reglamentada, pero no se respeta y es por eso que aparecen discusiones, guías de sensibilización para profesionales, nuevas propuestas, nuevas leyes, nuevas capacitaciones o nuevas luchas. Seguimos debatiendo entre nosotras, y seguramente lo seguiremos haciendo.   

La gran mayoría de los profesionales de la salud se niegan a transformar sus prácticas. Y esto resulta evidente cuando las mujeres continúan denunciando las violencias con las que se las somete mediante el ambo blanco y su histórico tutelaje y poderío sobre la vida y la muerte